El contenido de alguna Ley atenta contra la Constitución, algunos de sus artículos pudieran crear alguna lesión en los derechos de alguna persona; para ello es necesario demandar la nulidad total o parcial ante el Tribunal Supremo de Justicia o solicitar la desaplicación extraordinaria (control difuso) que es competencia de cualquier juez dentro de escenarios jurisdiccionales en curso.
Cuando por cualquier circunstancia de hecho, alguna autoridad o cualquier tercero menoscabe con su acción u omisión uno o varios derechos de orden constitucional, verbi gracia: denegación de justicia, negación al derecho a la defensa, al trabajo y un largo etcétera; es oportuno la materialización de la acción de amparo, como mecanismo para corregir o hacer cesar la perturbación. Dependiendo de los hechos e involucrados en el caso, se determinará quién será el juez competente, pudiendo ser la propia Sala Constitucional o sus semejantes dentro del TSJ.
Si un fallo de cualquier juzgado de la República, aun cuando este provisto de la institución de la cosa juzgada, es decir, que haya agotado sus respectivas instancias o no habiendo ejercido los recursos ordinarios; pero, es lesivo a algún derecho constitucional, es posible lograr la anulación mediante el recurso de revisión constitucional, el cual solo es posible intentarlo ante la Sala Constitucional del Alto Tribunal de la República.
Bajo las reglas del Derecho procesal venezolano, para lograr la revisión en derecho (NO es una tercera instancia) es menester que, además de cumplir ciertos requisitos de forma, estando en la última instancia (Tribunal Superior) luego de anunciar el recurso extraordinario de casación en la materia donde se ventile el caso, es impretermitible formalizar el señalado recurso, el cual se hará mediante escrito que deberá cumplir con un riguroso esquema técnico para que la Sala correspondiente, decida proceder a analizar la denuncia. De no cumplir con esas solemnidades, la delación será declarada improcedente por la falta adecuada en la técnica casacionista. El abogado que pretenda formalizar, deberá estar inscrito en la Sala de Casación Civil, sin lo cual, aun conociendo la materia, no prosperará el recurso.
Hasta el día de hoy, bajo la égida del Código Civil vigente, existen varios procedimientos para lograr el divorcio en Venezuela 1) la separación de cuerpos, cuando la pareja tiene menos de cinco (5) años de separados de hecho, 2) El divorcio "express" de la época, en la cual según la pauta del artículo 185-A, debía tener mas de cinco (5) años seprados de hecho. Para ambos los cónyujes deben estar de acuerdo, 3) el divorcio contencioso, es decir, que solo uno desea divorciarse y el otro no, aquel debía demandar, un juicio que podría durar años en litigio; y ahora, el divorcio por desafecto, en el cual, cualquier cónyuje puede acudir ante un juez (dependiendo de la edad de los hijos se determina cual es el competente) y solicitar el divorcio sin la presencia y firma del otro; un proceso que puede durar muy poco tiempo para lograr romper definitivamente con el vínculo matrimonial (divorcio).
Si estas casado y deseas divorciarte, es menester intentar el procedimiento de divorcio primeramente. Una vez obtenida la sentencia que disuelve el vínculo matrimonial, es necesario pasar a otro proceso, el cual lograría la separación y liquidación de bienes.
Esta acción no es exclusiva para el caso de los bienes adquiridos bajo la figura del matrimonio; también opera en todas aquellas circunstancias en las que uno o varios bienes muebles o inmuebles, son comunes a varios propietarios que no desean seguir en comunidad.
¿Tu lugar de vivienda u oficina se ve como en la foto, porque algunos de tus vecinos tienen, meses o años de deuda en el condominio? ¿Te parece injusto que tu edificio, torre o propiedad se vea afectada por el sostenido desmejoramiento en razón de la insolvencia de algunos vecinos que se niegan a pagar o generar alternativas de pago? Con gusto te asesoramos para poder conquistar ese objetivo. Según la Ley de Propiedad Horizontal en conjunto con el Código Civil y el de procedimiento de esa misma materia, es perfectamente posible embargar ejecutivamente el bien inmueble al inicio del proceso, permitiendo facilitar el proceso de cobro en la mayoría de los casos. Nota: Es necesario que los libros de actas de asamblea y junta existan y se lleven en orden, para poder iniciar cualquier proceso.
El Código de Comercio, aun con más de cien años desde su promulgación en 1902, está vigente en muchos de sus artículos. Dicha norma plantea una serie de condiciones de procedencia para lograr las nulidades por vicios de forma y/o de fondo que alguna Asamblea pudo incurrir en su celebración y/o tomas de decisiones; y que por consiguiente es necesaria su anulación ante un Juzgado en materia mercantil.
Según la Constitución de Venezuela y su Ley Orgánica del Trabajo, todo trabajador que desempeñe una labor, tiene el derecho a sus prestaciones sociales y a la estabilidad laboral.
Si fuiste despedido, dicha acción debió ser primeramente tramitada ante una Inspectoría del Trabajo, para que ella, luego de haber tramitado un proceso administrativo, llegara a la determinación de calificar el despido solicitado. De no cumplir con ese requisito, ese despido (en el caso hipotético formulado) es a todas luces írrito, el cual genera derechos para el trabajador y sanciones para el patrono.
El Ejecutivo Nacional, Las Gobernaciones y los Municipios, (representadas por sus distintas estructuras burocráticas) pueden dictar actos administrativos, a fin de "reglamentar" alguna situación de orden general o particular.
Si ese acto de alguna manera atenta contra algún derecho constitucional o legal, es posible demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa, su nulidad, pudiendo solicitar como medida cautelar, la suspensión de los efectos de ese acto, mientras dure el proceso de cognición de la nulidad.
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Las PyME son entes jurídicos, contemplados en la Constitución de la República de Venezuela, a los cuales el Estado controla a través de la intervención reguladora y promotora en función de los principios económicos que esboza el texto constitucional. De igual forma, se debe considerar que las PyME, aun y cuando son figuras que no tienen su asidero legal en el texto del Código de Comercio, tienen implícitamente dentro del ámbito del derecho mercantil venezolano, su regulación legal a partir de los articulados aplicables para el comerciante, sea éste individual o social, para su constitución legal como empresa, y para el cumplimiento de las obligaciones legales que se generan en materia mercantil, como es la teneduría de libros, así como también por la ley especial que regula la materia. Hoy en día, goza de exenciones tributarias que la hacen considerar como una opción viable para cualquier emprendimiento en este pais. Recuerda, no es que nunca pagará impuestos, un punto que perfectamente podrá ser explicado solicitando una cita para orientarte sobre este tema.